Uruguay y comunidad internacional ve con “preocupación” la inhabilitación de candidata opositora en Venezuela

Maria Corina Machado: “Quiera o no quiera Maduro se va a medir conmigo en elecciones presidenciales”

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la inhabilitación de la candidatura presidencial de la opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias internas y la más fuerte contrincante del mandatario Nicolas Maduro en las Elecciones Presidenciales de este año.

La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela resolvió inhabilitar a Maria Corina Machado para ejercer funciones públicas por un periodo de quince 15 años, decisión que fue anunciada en el año 2021, pero el Pacto o Acuerdos de Barbados firmado entre oficialismo y oposición de venezuela incluye la habilitación de todos los candidatos entre otros puntos.

Ante esto, la comunidad internacional no tardó en pronunciarse tras la decisión de las autoridades venezolanas. “Contrariando los Acuerdos de Barbados firmados en octubre pasado con garantes internacionales, entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y representantes de la oposición política alrededor de la Plataforma Unitaria, se confirmó la inhabilitación de la señora María Corina Machado —entre otros—, líder principal de la oposición y aspirante a participar en las próximas elecciones presidenciales de ese país, previstas para el presente año. Uruguay observa con gran preocupación estas inhabilitaciones judiciales de opositores políticos para ocupar cargos electivos o públicos”, afirmó en un comunicado el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou.

El comunicado continúa “ya que atentan directamente contra la celebración de elecciones libres, democráticas y competitivas que son el reclamo y anhelo de todo el Pueblo Venezolano y que eran el espíritu rector de la firma de los mencionados Acuerdos”.

En la misma línea se expresó el gobierno de Argentina, liderado por el Presidente Javier Milei, que mediante un comunicado de su Cancillería, aseguró que “sigue con preocupación la situación política en Venezuela” y también lamenta la decisión de inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas a la principal líder de la oposición y ganadora de las primarias: “La Argentina reafirma su compromiso en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos y espera la pronta celebración de elecciones presidenciales democráticas, transparentes, con participación plena de todos los candidatos políticos y con presencia de observación electoral externa”, expresa el comunicado.

Ecuador, por su parte, fue más contundente y preciso: “Ecuador rechaza la confirmación del Tribunal Supremo de Venezuela de inhabilitar, por 15 años, para ejercer funciones públicas, a la señora María Corina Machado, líder de la oposición y ganadora de las elecciones primarias de octubre de 2023”, afirmó la Cancillería ecuatoriana en su cuenta de la red X.

La Organización de Estados Americano mejor conocida como la OEA, también expresó su postura en cuanto al tema con un comunicado fuerte. “Las acciones recientes de la dictadura venezolana de enjuiciamiento y prisión política de opositores, especialmente aquellos vinculados al liderazgo opositor mayoritario, ya dejaron en claro que la dictadura no tenía ninguna intención de permitir la realización de elecciones limpias y transparentes”, dijo la OEA.

Mientras que la misma Maria Corina Machado, líder opositora, aseguró que competirá en las presidenciales de este año como candidata del mayor bloque antichavista, pese a la sentencia publicada en la que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó que está impedida para participar en comicios hasta 2036.

“Quiera o no quiera Maduro, se va a medir conmigo y lo vamos a derrotar en elecciones presidenciales”, dijo ante periodistas la exdiputada liberal, que descartó la posibilidad de que alguien la sustituya como candidata de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Reiteró también que el Gobierno de Maduro violó lo pactado en octubre pasado, cuando -con la oposición- acordó unas garantías electorales para las presidenciales en Barbados.