Dicen que Dios es redondo.

“Dios es redondo”. Un símil para referirse a la pasión que despierta el fútbol casi al nivel de religión entre personas de distintas clases, culturas y condiciones. Sin embargo, a juzgar por las violaciones de derechos humanos detrás del mundial de Qatar, parecería que el diablo también lo es.

El fútbol, un deporte que en su encuentro mundial cada cuatro años se asocia con valores positivos como el juego limpio y la unión global, se ha visto manchado por las repetidas denuncias de violaciones de derechos humanos en este mundial. Ya varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y HRW han denunciado la represión de larga data de los derechos de las mujeres, las personas LGTBI y la libertad de expresión.

A estas violaciones se suman otras que involucran de manera directa la organización del mundial. Se trata de las violaciones a los derechos laborales de cientos de trabajadores migrantes, en el marco de las obras que se realizaron para poder auspiciar la copa del mundo. En efecto, este evento deportivo ha sido catalogado como el más costoso de los últimos años (200 mil millones de dólares). Tan solo para la construcción de los estadios se invirtieron alrededor de 10 mil millones de dólares y se contrataron a miles de trabajadores migrantes provenientes de India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Pakistán, entre otros países.

Estos trabajadores suelen migrar para trabajar bajo un sistema de patrocinio llamado ‘Kafala’, que define la relación entre los trabajadores extranjeros y su empleador en Catar. Aunque la ley fue reformada en 2017 permitiendo que, por ejemplo, los trabajadores inmigrantes puedan ahora abandonar legalmente el país y cambiar de trabajo sin el permiso de su empleador, estas reformas llegaron demasiado tarde y todavía existen numerosas barreras que en la práctica llevan al trabajador a una situación de explotación.

Los trabajadores migrantes, además, reciben un pago menor que el de los ciudadanos cataríes por su trabajo y, con frecuencia, son sometidos a situaciones que equivalen a trabajo forzoso, particularmente en sectores como la seguridad privada o el trabajo doméstico, donde se les niegan días de descanso bajo amenaza de descuentos en sus salarios o confiscación del pasaporte. Estos trabajadores tampoco tienen derecho a afiliarse a un sindicato y a menudo son víctimas de intermediarios que les exigen una comisión de entre mil y tres mil dólares como tasa de contratación. Esto los expone a ciclos de explotación casi imposibles de romper.

Las violaciones en muchos casos han llegado a la muerte. Debido a las temperaturas extremas del país (entre 40 y 50 grados centígrados) y las precarias condiciones de salud en el trabajo, se ha reportado la muerte de miles de trabajadores por problemas cardiovasculares. Dado a que estas muertes no se investigan por la falta de transparencia en la información y porque son calificadas como “no relacionadas con el trabajo” por el comité organizador del evento. No ha sido posible saber la causa real ni asignar responsabilidad a los empleadores, con lo cual los familiares no pueden reclamar las debidas indemnizaciones.

Alguien podría alegar que estas violaciones a los derechos humanos son una situación insalvable en el fútbol o en cualquier mega evento deportivo de talla mundial, pues ya ha habido antecedentes como el mundial de Argentina en 1978 que se realizó bajo la dictadura militar o de Rusia en 1918 bajo el régimen de Putin.

También podrían decir que los organizadores de este evento no pueden convertirse en un tribunal ético para juzgar la situación de los países que, por lo demás, no es perfecta en ninguna parte, o que incluso la determinación misma de lo que es una violación hace parte de un esquema de valores que define cada sociedad y no es universalizable.

Sin embargo, esto desconoce que la FIFA como órgano regulador de este deporte, tiene unos deberes de derechos humanos que se comprometió a seguir y que le obligan a promover su respeto. En 2017, esta organización adoptó una Política de Derechos Humanos, por medio de la cual se compromete a tomar “medidas para promover la protección de los derechos humanos”. Adicionalmente, al tratarse de un organismo internacional cuyos valores son el juego limpio y la integración mundial y cuyo presupuesto desborda el de algunos estados, lo mínimo es que se comprometa al respeto de principios considerados básicos como los derechos humanos. Así lo establecen los principios rectores de Empresas y Derechos Humanos, los cuales fueron efectivamente incorporados en sus Estatutos en 2016, en el artículo 3.

Ante las reiteradas denuncias de violaciones, la FIFA debió haber actuado, cuando menos, con la debida diligencia necesaria para hacer seguimiento a esta situación y exigir que el país anfitrión no violara estos derechos durante la preparación del evento. Sin embargo, las medidas que tomó este organismo han sido tardías e insuficientes.

Según la Organización Internacional del Trabajo, cerca de 320 millones de dólares se han reembolsado a las víctimas de abusos salariales, pero todavía hay muchos trabajadores que no han podido acceder a estos fondos y familiares de trabajadores que no han recibido compensación.

Se espera que la Copa del Mundo de 2022 genere más de 6.000 millones de dólares en ingresos. La FIFA debería entonces exigir a Catar que reconozca las violaciones de derechos laborales de los trabajadores migrantes y que tome las medidas más adecuadas para compensarlos a ellos y sus familias por los abusos cometidos durante los últimos años. Solo así podrá empezar a expiar su propia culpa en estos hechos, ser coherente con los valores deportivos que dice promover, y contribuir para que los valores del fútbol vuelvan a brillar por encima de sus pecados.